Próxima reforma del código civil

Desde este espacio queremos explicar el por qué de nuestro desacuerdo con la próxima reforma del código civil, y expresar nuestra preocupación por lo que creemos se convertirá en un daño irreparable a las garantías individuales.

El punto que nos parece más preocupante es el que pone a los “derechos de incidencia colectiva en general” por sobre los derechos individuales, permitiendo que aquello que sea considerado un derecho colectivo se privilegie sobre el derecho del individuo. Esto parece algo menor, pero es imprescindible que sea seriamente considerado dado que abrirá la puerta a una peligrosa situación que nos hace retroceder en materia de derechos individuales muchas décadas.

Creemos, junto con la doctora Elisa Carrió que el proyecto del Ejecutivo es “inconstitucional” porque viola el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Político, que posee jerarquía constitucional merced del artículo 77, inciso 22, de nuestra carta magna.

La parte II, artículo 3, inciso 2, del mencionado Pacto establece que “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (…)”.

Por este motivo, Carrió presentó un proyecto de ley aparte para reglamentar el “derecho” contemplado en esta norma, “en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizar la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del daño sufrido por parte del Estado y sus agentes”.

Otras cuestiones también nos preocupan y tienen que ver con el plazo que se establece de solamente dos años para demandar al estado en caso de daño civil.

Bajemos a la tierra: Daño civil: a un familiar tuyo lo atropella un patrullero de contramano y lo mata.  Te subís a un micro para ver a tu familia y no llegás nunca. Estás parado en la calle y se te cae una luminaria en la cabeza. Con este nuevo código civil, las víctimas de este tipo de situaciones quedarían (ellos o sus familiares sobrevivientes) sin ningún tipo de compensación ni resarcimiento.

El nuevo código civil “le quita responsabilidad al Estado en términos del derecho común”, por el cual la administración kirchnerista “no respondería por los perjuicios generados por contratistas de servicios públicos”. Así, una vez sancionado los ciudadanos tengan solamente dos años para presentar demandas por daños civiles. Para que quede bien en claro, por ejemplo los familiares de las víctimas de la tragedia de Once no tendrían posibilidad de un resarcimiento por las vidas perdidas y los daños recibidos por ineficacia tanto de proveedor del servicio como del estado, que obviamente falló en su misión es controlar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.

El kirchnerismo ratificó la exclusión de la responsabilidad del Estado de la reforma del Código Civil. Impuso en Diputados el dictamen de una ley complementaria para circunscribirla al derecho administrativo y la mayor parte de la oposición anunció que, en consecuencia, votará en contra de todo el Código la semana próxima, cuando se trate en el Senado.

Este es el pensamiento oficial, claramente expresado por la diputada bonaerense Graciela Giannettasio:

La relación entre el Estado y los particulares es “asimétrica” y “no se rige por normas privadas”. Por el contrario, remarcó que “el Código Civil rige relaciones entre partes” y es por eso que su bloque impulsa “una ley independiente que reconozca que el Estado tiene una potestad especial”.

Pensamos que justamente el objetivo de la ley debe ser que la relación entre partes sea simétrica, y no naturalizar algo que por definición es contrario a la idea de República: la asimetría en la relación entre el ciudadano y el estado. Creemos que somos todos sujetos de derecho, y que ninguna parte debería tener preeminencia sobre la otra, ni mucho menos, “potestades especiales”, ni siquiera el estado. Este tipo de situaciones sólo y exclusivamente se da en regímenes totalitarios, y nuestro proyecto de país es fundamental y trascendentalmente republicano, donde seamos todos iguales ante la ley, inclusive el estado y particularmente los funcionarios del estado.

¿Vós qué pensás? Queremos escuchar tus comentarios.

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